El sistema de becas de investigación en España entre 1980 y 2003 impulsó significativamente la posición del país en el ranking mundial de publicaciones científicas, llevándolo del 0,7 al 2,8%, consolidándolo en el actual puesto 11. (Ver ranking SJR mundial) . Esta enorme mejora en la generación del conocimiento y la innovación se basó en el esfuerzo de millas de personas que trabajamos durante décadas mediante becas pre o postdoctorales en condiciones laborales que rozaban la esclavitud.
Las instituciones públicas o privadas (ministerios, administraciones locales, fundaciones…) convocaban estas becas en concurrencia competitiva y solo los mejores expedientes académicos las conseg uían. Era prácticamente la única alternativa para iniciar y desarrollar una carrera de investigación científica en ese momento. Recibíamos sueldos mínimos incompatibles con cualquier otro trabajo remunerado, sin derechos laborales pero pagando el IRPF. Sin embargo, estas instituciones financiaban las becas sin cotizar a la Seguridad Social.
Entre los muchos derechos de los que fuimos privados como trabajadores están la ausencia de prestaciones básicas como seguro médico público, bajas por enfermedad, licencias por maternidad, vacaciones, prestaciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación… generando en nuestras trayectorias laborales periodos sin cotizar que siguen impactando en nuestros derechos no reconocidos y en nuestras pensiones, debido a un régimen pseudo-laboral a todas luces intolerable.
Este régimen es actualmente inconcebible porque, gracias a la lucha de distintas generaciones de personal investigador, se ha conseguido que la dedicación a la investigación desde sus primeras etapas, incluido el doctorado, se realice siempre mediante contratación laboral. Sin embargo, los antiguos becarios sufrimos un inadmisible agravio comparativo ya que desarrollamos las mismas tareas que ahora están claramente reconocidas como trabajo en régimen laboral, pero nos vemos enfrentados a una falta de reconocimiento de nuestros años trabajados ya las consiguientes jubilaciones precarias. Nuestras vidas laborales presentan lagunas, que van desde 4 (becas predoctorales) hasta 16 años (en caso de enlazar con becas postdoctorales). Esta precariedad laboral sigue teniendo un impacto severo en nuestros derechos, privándonos del reconocimiento de esos años de antigüedad. Y, lo que es más preocupante, repercutiendo negativamente en nuestras jubilaciones, con la disminución de la cuantía de nuestras pensiones por la ausencia de esos años “invisibles laboralmente” y el retraso de la jubilación hasta los 70 años o más para poder compensar los años. “perdidos” e incluso, en algunos casos, impidiendo alcanzar los años mínimos requeridos en la edad de jubilación legal o forzosa.
En 2011 el Gobierno de España reconoció parcialmente esta injusticia manifiesta y ofreció un convenio especial por el que “se nos permitió” pagar (de nuestro propio bolsillo) las cotizaciones pendientes a la Seguridad Social. Una solución parcial en plazo (solo se abrió unos meses), en alcance (una fracción limitada de afectados tuvo conocimiento del convenio y no todo el personal afectado pudo hacer el correspondiente desembolso para “comprar” su cotización) y en cobertura (se ofreció la recuperación de un máximo de dos años, independientemente de la duración de las becas.) Las condiciones de este convenio eran claramente lesivas para las víctimas de esta discriminación, ya que se nos hacía pagar la cotización total, incluyendo la aportación que correspondía a las entidades. que ofertaron las becas (en su mayoría administraciones públicas), para obtener la base mínima de cotización (lo que puede perjudicar las pensiones del régimen general) y que ni siquiera se reconociera el grupo de cotización (lo que perjudica a las personas que se jubilan en el régimen de clases pasivas).
En marzo de 2023 el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de urgentes para la ampliación de medidas de los derechos de los pensionistas… suscitó algunas esperanzas de generar otra corrección similar, mediante un convenio en el que se podría recuperar un máximo de 5 años de cotización pagando solo por la parte correspondiente al trabajador. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado un proyecto de orden reguladora de convenio con el que se vuelve a castigar al antiguo becario personal, sometiéndole a las mismas condiciones lesivas que se impusieron en 2011, además de retrasar la implantación de la medida. Esperamos que la regulación de ese convenio vea pronto la luz y que recoja las justas alegaciones que hemos presentado el colectivo de personas afectadas y diversas sociedades científicas.
Aun así, este convenio no solucionará todos los problemas, ya que el Real Decreto-Ley sigue limitando arbitrariamente el tiempo máximo de reconocimiento a 5 años, cuando hay personas afectadas con hasta 16 años de trabajo sin reconocimiento. Se necesita una disposición legislativa más ambiciosa que permita recuperar todo el tiempo en que hemos estado trabajando en investigación con becas que sustituían a contratos laborales, sin cargar sobre las personas afectadas las cotizaciones que se ahorraron las entidades. Este mecanismo de reconocimiento, distinto del convenio especial, ya se ha aplicado a otros colectivos que se incorporan a la Seguridad Social. Además, es necesario reconocer el tiempo trabajado con becas a efectos de antigüedad, méritos, promoción profesional, etc., como ya se hace en otras situaciones asociadas a la evaluación de la actividad investigadora por sexenios, y debe extenderse por ley al resto de casuísticas. .
“Esclavitud laboral en la juventud, merma de derechos en la madurez y jubilaciones precarias en la vejez: estas han sido “nuestras recompensas”
Esclavitud laboral en la juventud, merma de derechos en la madurez y jubilaciones precarias en la vejez: estas han sido “nuestras recompensas” por situar a España en los primeros puestos de la ciencia mundial y formar a las actuales generaciones de científicos que, afortunadamente, ahora sí disfrutan de unos merecidos derechos laborales. Quienes trabajamos hasta 2011 con becas pre y postdoctorales en condiciones draconianas reclamamos que se restituyan plenamente nuestros derechos laborales, tan largamente ignorados. La Conferencia de Rectores/as de las Universidades Españolas (CRUE), distintas sociedades científicas y el Defensor del Pueblo apoyan estas justas reivindicaciones.
Hacemos un llamamiento al Gobierno y al Parlamento de España para que corrijan este inadmisible agravio al personal científico y recuperamos nuestros derechos laborales básicos, sin abusos económicos que nos revictimizan. Simplemente reclamamos justicia laboral.
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Dra. Inés Mª Antón Gutiérrez es investigadora Científica en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).
Dra. María Jesús Díaz Candamio del Servicio de Radiología. Hospital Universitario A Coruña.
Dra. Alejandra Gámez Abascales profesora titular UAM y Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”.
